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Il·lustración: Valentina Lazo

El silencio de la democracia

Un artículo de Valentina Lazo

El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, rechazó el martes de la semana pasada la detención con fines de extradición de 20 imputados por la juez argentina María Servini de Cubría, quien cursó la orden a través de Interpol. Todos ellos han sido investigados por su participación o complicidad en crímenes de lesa humanidad, torturas y asesinatos. Según Velasco la orden carece de documentación y la Coordinadora Estatal en Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), no está legitimada para pedir este tipo de arresto, ya que el proceso debería llevarse a cabo entre Estados. Entre los imputados se encuentran los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.

En 1969 Franco, que no murió hasta 1975, dijo: “estoy dejando todo atado y bien atado”. Y así lo hizo. La Ley de Amnistía que en 1977 inició la transición a la democracia prohibió en adelante cualquier intento de remover el pasado, con la firme tentativa de comenzar de nuevo imponiendo el olvido. Pero en las memorias viven los hechos. Hace cuatro años que dos de las víctimas acudieron a la justicia argentina presentando una denuncia por “genocidio y/o crímenes de lesa humanidad”, y hoy son más de 150 las causas abiertas en torno a los mismos.

No es un intento de dar lecciones de democracia. Argentina tiene el deber, como Estado Parte de las Naciones Unidas, de investigar y juzgar los crímenes de genocidio, de guerra o de lesa humanidad cuando así sea denunciado. De tal forma se manifiesta en el Estatuto de Roma. Y de tal forma España ha abierto causas de otros países, paradójicamente, investigando crímenes de Estado ocurridos en El Salvador, Argentina, Chile -con la extradición de Pinochet a Londres por el juez Garzón-, ordenando detenciones de dirigentes en China, procesando a ministros en Guatemala y tomando declaraciones de testigos del genocidio en Ruanda.

Por su parte, el Tribunal Supremo español se justifica en dos aspectos legales: la Constitución de 1932 (para entonces no existía la imprescriptibilidad ni estaban tipificados los delitos de genocidio y de lesa humanidad, hasta 1971) y el principio de irretroactividad del Código Penal. Pero el argumento pierde validez en el momento en que España, al igual que Argentina, forma parte del Derecho Internacional –y lo ignora-, el cual trasciende cualquier Constitución.

Según el Doctor Hugo Cañón, co-presidente de la Comisión por la Memoria de la Ciudad de Buenos Aires y ex Fiscal General Federal, para el Derecho Internacional Público, cuando se cometen delitos de lesa humanidad, no hay dos bandos – como pretende la Ley de 1977-, ya que existe un abuso de poder por parte de los aparatos del Estado, y por encima no hay otro órgano que pueda controlarlo. “En el siglo XX hubo más muertes por aparatos de poder que por guerras, aun sumando la primera y la segunda guerra mundial”, señala Cañón. Se trata de crímenes internacionales, que tienen la gravedad suficiente como para que trasciendan las fronteras de un Estado.

El impedimento para que los crímenes ocurridos durante el franquismo sean juzgados no es judicial, sino político. El Ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya ha había adelantado que, con los antecedentes de la Audiencia Nacional, España denegaría la entrega de los imputados a Argentina. El organismo se ampara en la Ley de Amnistía y en la prescripción de los delitos, tal y como sucedió el año pasado con los casos del ex inspector Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, y el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. Ambas extradiciones fueron rechazadas por la Audiencia Nacional.

Para la mayoría de los españoles la Transición simboliza apertura y cambio. La muerte de Franco coincidió con los avances del capitalismo, con una importante liberalización de la economía y con el comienzo del neoliberalismo internacional. Pero también ha significado censura y miedo. Clara Valverde, coordinadora del Equipo Aquo de Formación en relación terapéutica, trauma transgeneracional y activismo, asegura que “como en cualquier sociedad herida, los mitos son indispensables para mantener la estructura de poder. El mito principal es que la Transición fue consensuada, negociada y pacífica”.

Así, España entra en el siglo XXI en silencio. No siente sus cuerdas vocales. La garganta raspada de haber gritado antaño y el miedo han generado su inmovilismo. Sus heridas no están cerradas porque no puede hablar. Enterraron sus palabras. Pero como todo país con historia, guarda recuerdos. Se aclara la garganta y mueve las manos. Se levanta y empieza a caminar. A cada paso retrocede dos, con el obstáculo burocrático delante. Pero aunque lento, avanza. La Querella Argentina ha resignificado de esta manera la historia oficial, que se había apropiado del lenguaje, para transformarla.

En 1977, tal día España se acostó franquista y se levantó demócrata. Pero olvidó una cosa muy importante: no se puede ser demócrata sin ser antifascista. El Estado aparece hoy como un refugio de quienes cometieron en su nombre la tortura y el genocidio, pero la democracia no es compatible con la impunidad. La justicia emerge y las palabras en favor de los vencidos acabarán irrumpiendo, aquí o en América Latina.

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