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Eduardo Cáliz: “Los procedimientos penales están reservados para los okupas con “K””

Una entrevista de Eugenia Basauli e Iris Rodriguez

Eduardo Cáliz en su despacho de Arrels Advocats

Hemos entrevistado a Eduardo Cáliz, abogado especializado en temáticas relacionadas con la okupación, y que ha ejercido como abogado en defensa de okupaciones como Can Vies o La Gordísima. Su visión nos ha ayudado a conformar una imagen global de la okupación en términos legales, y a entender la realidad de este fenómeno en Barcelona.

– Una ocupación es siempre ilegal?

No, la ocupación es una forma de adquirir la propiedad, que está dentro del derecho. Si un bolígrafo está tirado en la calle significa que está abandonado y que se puede ocupar, es decir, puedes cogerlo. Si se coge el bolígrafo y durante un determinado tiempo nadie lo reclama la posesión pasa a ser de quien lo ha cogido.

– Y ¿aplicado a una vivienda?

La ocupación hasta el código penal de 1995 no estaba prohibida ni era considerada delito. Estaba regulada, era un procedimiento civil, no había castigo. En 1995 se tipificó como delito y entonces casi todos los grupos parlamentarios a excepción del PP se opusieron a esta norma. Tenemos que distinguir entre dos figuras diferentes: una que sea o no sea delito, es decir, que sea o no legal, y otra, que es si la ocupante puede asumir la propiedad de lo que ocupa. La ocupación no es legal cuando es delito.

La ocupación como delito

-¿Cuándo es considerada delito?

La jurisprudencia ha establecido unos requisitos, que son un poco complicados. Básicamente se resumen en que si la casa está abandonada y no se le da ningún uso a la finca, esa ocupación sería legal y se tendría que recuperar la posesión por los trámites del procedimiento civil. Sin embargo si la finca no está abandonada, es decir, que se le da o se le va a dar un uso, esa ocupación sí que sería ilegal y entonces entraría dentro del marco penal.

– Por tanto, podemos afirmar que no toda ocupación es delito, no?

No toda ocupación es delito. En el caso de que lo fuera sería delito de usurpación. Todo delito consta de varias partes: el delito objetivo, la acción, y el elemento subjetivo. La acción de la ocupación, del delito de usurpación es: Quien ocupare una casa que no constituye morada, o se mantuviere en la misma sin el consentimiento del propietario. Estas son las dos acciones que serían delito.

-¿Cuándo podemos alegar que existe delito de usurpación?

La usurpación protege bienes jurídicos, o sea, el derecho penal protege bienes jurídicos. El delito de usurpación, por tanto, es delito porque protege la posesión, que es diferente a la propiedad.

Por ejemplo, si yo tengo un bolígrafo y se lo dejo a alguien, esa persona tendrá la posesión pero yo seguiré teniendo la propiedad. Hay una tercera posibilidad: que yo tenga la posesión y la propiedad, porque lo estoy usando. Pero si lo dejo tirado y sin darle uso sigo teniendo la propiedad, y también tengo la posesión, pero no es una posesión directa. Cuando quiera lo podría coger y usar, pero no es una posesión que esté usando y esté disfrutando. Pues precisamente, en el delito de usurpación la única posesión que se protege es la que se usa y la que se disfruta.

– Dentro de la perspectiva de la vivienda, ¿qué tipos de ocupación se dan en la actualidad?

Yo distingo dos grupos fundamentales: Uno en los que se ocupa para un centro social, una ocupación de cara al público, exteriorizada, y otro que se utiliza como vivienda. Aquí, se hace una distinción por parte de los juzgados, pero yo creo que no es una distinción real, que es la ocupación para vivienda politizada y la ocupación para vivienda no politizada.

Tradicionalmente los juzgados prestan mayor atención en cuanto a procedimientos penales a las personas que están politizadas respecto a las que no lo están.

– ¿A qué se hace referencia con el término politizado/ no politizado?

Politizadas son aquellas personas que formen parte de los movimientos sociales. No tanto por que la casa sea un centro social sino por el elemento subjetivo, por las personas, el entorno.

-¿Hay alguna diferencia entre una okupación de una propiedad pública de una privada?

Sí, el procedimiento sería diferente. Para casos públicos iría por contencioso administrativo, con una recuperación de oficio de la propiedad, siempre dentro del año en el que se produce la okupación. Para casos privados se lleva directamente por lo civil, buscando recuperar la propiedad del inmueble o por lo penal si se acusa de delito de usurpación.

-¿Qué diferencia existe, por ejemplo, entre una ocupación de la PAH de una convertida en un CSO?

La percepción política es lo que marca la diferencia, la percepción que muestran los medios de comunicación, pero la práctica es la misma, exactamente igual.

-En ambos casos ¿sería ocupar como medio u ocupar como finalidad?

Bueno, la PAH evidentemente ocupa con el fin de obtener una vivienda, pero por lo que se caracteriza es atraer a personas que estaban alejados de los círculos políticos más contestatarios. Los CSO no, en principio es una ocupación como medio para conseguir otras luchas. Pero aun así formar parte de la PAH no es solo ocupar para tener una casa sino que ya implica un medio, implica una contestación hacia los bancos, un acto de desobediencia.

– ¿La justicia reacciona de formas diferentes ante estos dos tipos de ocupación?

Si actúan diferente en un tema de ocupación que en un tema de otra índole, sí. El artículo 3 del código civil dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas. Entonces, en base a éste lo que se solicita muchas veces a los jueces es que interpreten la ley de una manera más flexible.

Hay varios criterios de actuación, según el movimiento social que tenga detrás y la capacidad de respuesta del mismo.

Yo siempre digo que los jueces dictan una sentencia en función de lo complicado que les sea las respuestas que puedan recibir. Evidentemente, si saben que tienen detrás a todo un movimiento como la PAH, que tiene un amplio reconocimiento social y que tiene mucha gente detrás se van a pensar dos veces a la hora de dictar una sentencia que le vaya en contra. Si saben que no tienen a nadie detrás pues probablemente actuaran más en manos de lo que defienden, que es el capital. Pero hay otro factor: también hay ocupaciones políticas que no tienen tanta repercusión como la PAH, con lo cual se tiene que calibrar todo.

Centres Socials Okupats

– En ciudades europeas como Berlín o Ámsterdam hemos visto que había edificios okupados que se convirtieron en centros sociales y los propios ayuntamientos los legalizaron. ¿Eso sería viable en Barcelona?

No, de momento no, y cuesta mucho. También es verdad que en Barcelona depende de que el distrito se está enfocando de una manera o se está enfocando de otra. En Barcelona por ejemplo tenemos Can Vies, que ahora se está teniendo negociación con el distrito, que directamente no es el propietario, sino que es TMB.

– Por tanto, si Can Vies pertenece a TMB y TMB lo gestiona el distrito, se podría llegar a un acuerdo, ¿no?

Técnicamente sí, de hecho en otros centros sociales lo están haciendo, como por ejemplo en La Flor de Maig. Que ante un inminente desalojo se han llevado a cabo negociaciones y el Ayuntamiento ha decidido comprar la propiedad y cedersela a las personas que lo están ocupando. Hay otros casos, en Sant Andreu por ejemplo está la casa del oficial, un edificio histórico que estaba ocupado, se estaba viniendo abajo y en principio estaba destinado a ser equipamiento. El Ayuntamiento era el propietario directo de la casa e inició el procedimiento para desalojarlo, aún sabiendo que no había presupuesto para hacer el equipamiento hasta por lo menos de allí a tres años. Y se intentaron unas negociaciones y se negó en rotundo. Las posibilidades de negociación en Barcelona son bastante pequeñas. Si se están haciendo en Can Vies es por ejemplo por la presión popular y por todas las actividades que lleva detrás.

-¿Cuál es el papel real del distrito y de la empresa TMB en el caso de Can Vies?

Can Vies es un bien privativo de una empresa que es TMB la cual es privada con el Ajuntament de Barcelona como consejo gestor. Simplemente el alcalde ha delegado todo el poder al distrito, le ha cedido la gestión del asunto. Esta empresa trabaja con un despacho de abogados externos, que cuesta un dinero al ayuntamiento de Barcelona, durante un proceso que lleva abierto desde 2006.

– Suponemos que una vez que el ayuntamiento negocia con los okupas habrá que pagar. ¿qué opciones se pueden plantear?

Con el ayuntamiento se puede llegar a multitud de negociaciones, como la gestión cívica, un modelo de gestión de casales, donde el ayuntamiento como propietario o poseedor cede la gestión a las entidades. Otro modelo que gestiona los casales de barrio es que el ayuntamiento los saca a concurso y una empresa privada lo gestiona. El ayuntamiento prefiere esta segunda opción porque así tiene ligadas las acciones que se hacen pero la gestión ciudadana es evidentemente mucho mejor para el barrio y más cercana.

– Hay algún caso o cabría la posibilidad que el ayuntamiento o la entidad municipal prefiriese pagar o ceder el local sin pedir un alquiler a cambio, simplemente se lo cediese a las organizaciones municipales o de la ciudadanía para evitar una respuesta radical del movimiento? Es decir que existiese miedo al movimiento okupa

Sí, Can Batlló por ejemplo, era un espacio que estaba regido por los vecinos y digamos que el ayuntamiento lo cedió ante la presión popular. En Can Vies existe este miedo y por eso la situación es como es. Aquí la tradición democrática de los partidos de es bastante diferente a la de los partidos del norte de Europa. Estos sí que han cedido y bueno el nivel de combatividad ha bajado respecto a los movimientos sociales.

– ¿Crees que interesa a la administración legalizar este tipo de espacios ocupados o supondría dar una imagen que realmente no les conviene? De debilidad, por decirlo de alguna forma.

Personalmente creo que los partidos con mayor poder quieren tener atadas las actividades de este estilo y hacerlas desaparecer, se ha notado con la entrada de CIU al poder, tenían en mente que eliminando los centros sociales y casas okupadas de la ciudad iba a cortarse el movimiento alternativo y reivindicativo de Barcelona, y se ha comprobado que no ha sido así. Si su idea es acabar con él no creo que para ellos cederles espacios suponga una solución viable.

– ¿Hay algún resquicio legal al que los okupas de un CSO se puedan aferrar para evitar un desalojo?

Depende del procedimiento que se siga. Si es penal se discute si se ha cometido un delito, de si se ha atacado el bien jurídico protegido. Eso sí que es bastante discutible y se puede meditar su desalojo. Si es civil estamos discutiendo a quién pertenece la casa, si al propietario o a los ocupantes, con lo cual, al ser un conflicto entre particulares es bastante complicado, pero a veces se equivocan y hay errores formales que se evita el desalojo. Bueno, lo tenemos en Can Vies, que hemos ganado dos veces el procedimiento civil y en la Gordísima que se ha conseguido parar también el desalojo en el último momento por un error formal del demandante.

– ¿Los procesos legales por okupación son tan lentos como semejan?

(Ríe) Parecen más lentos de lo que son, por ejemplo la Carbo fueron cinco años. Se inició un procedimiento civil, también un procedimiento penal, después se archivaron y después se inició otro procedimiento civil. En Can Vies por ejemplo llevamos tres procedimientos. Se inició uno penal que se archivó, en el 2006 me parece que se inició el primer procedimiento civil, que se ganó, y debido a los diferentes recursos se va alargando. Con un año más o menos entre una cosa y otra. Realmente en un año, o menos, puede haber un desalojo civil, y si el procedimiento se hace bien, en seis meses estaría acabado. Por ejemplo en la Gordísima, el mismo día de la ocupación ya se estaba identificando, se interpuso la demanda a los dos o a los tres meses, y a los cinco o seis meses ya tenían una sentencia condenatoria. Después hubo errores en la demanda del propietario y se han retrasado.

-Interesa a las grandes esferas simplemente echar a las personas que okupan la propiedad o buscan obtener algo más?

Tendríamos que plantearnos de qué propietarios hablamos: están los bancos, la clase política, y están las personas de a pie –entendiendo como multipropietarios-. A estos últimos les interesa el simple desalojo de su propiedad. Los bancos en cambio van a su ritmo y lo piden cuando les parece. Las altas esferas dan órdenes policiales para que se haga el desalojo, presionan a los jueces y fiscales, para que se haga un desalojo más rápido. A ellos sí que les interesa el modelo político que se está llevando a cabo ahora, desalojar pero porque tienen la falsa concepción de que si se desalojan las casas ocupadas se acaba con el movimiento alternativo y desobediente. Y en realidad no lo están consiguiendo.

– Prima el interés por desalojar pero diríamos que a los que vienen siendo las altas esferas también les interesaría ir más allá, llegar a otros castigos, ¿detenciones y cárcel quizás?

Normalmente en un desalojo no suele haber detenciones. Lo que pasa es que el movimiento okupa también entra en debate de si la ocupación es un medio o un fin en sí mismo. Es un medio para seguir luchando o la ocupación acaba con el objetivo de tener una casa o un centro social. A la clase política le preocupa la ocupación como medio, no la ocupación como fin. Porque, por eso cuando hablaba de distintos tipos de personas que ocupan: gente sin recursos que entran en pisos vacíos ha habido, hay y habrá siempre, y casi siempre se enfrentan a demandas civiles. Raras veces entran en procedimientos penales.

Los procedimientos penales están reservados para los okupas con “K”, para gente que tiene ciertas connotaciones políticas.

De qué delitos se suele acusar a okupa con K?

El más común es el de usurpación, ahora, también sirve para criminalizar, por ejemplo, si hay daños en alguna manifestación y detienen, el hecho de vivir en una casa okupa sirve para estigmatizarle más todavía y criminalizar al movimiento. O que en un desalojo, por ejemplo, se plantea una resistencia y además de los cargos que te puedan imputar también te achacan desobediencia o resistencia.

A nivel ciudadano, ¿crees que ha habido un cambio en la percepción de la ciudadanía de las ocupaciones con la aparición de la PAH dentro de la iniciativa okupa?

Totalmente, creo que en el contexto de crisis se ha empezado a señalar a los bancos, y la gente legitima en mayor medida las ocupaciones. Incluso en los juzgados antes los funcionarios hacían bromas como “que pague la hipoteca como todo el mundo” y ahora tratan el tema como mucha más condescendencia porque son conscientes de lo crítico de la situación.

Redacció

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