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Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui
Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

El antes y el después del acuerdo UE-Turquía

Un reportaje de Anna Martín

Fotoreportaje del campo de refugiados de Idomeni de Jon Gonzalo Torróntegui

A finales de abril, de acuerdo con los datos que va actualizando la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 181.673 personas han llegado a Europa este 2016 y 1.261 han muerto o han desaparecido.

Sólo en Grecia, son más de 154.000 llegadas. Sin embargo, migrantes y refugiados que pisan suelo Europeo cruzando primero el mar Egeo, situado a menos de 10 quilómetros de Turquía, hace ya dos meses que no pueden avanzar, quedándose estancados en Grecia, ante las fronteras de una República Macedonia – Antigua República Yugoslava de Macedonia – que ha ido restringiendo las entradas al estado y que finalmente las ha detenido. Una actuación respaldada y realizada también por otros estados que, además, ha quedado avalada con el acuerdo de la Unión Europea y Turquía. Un acuerdo a partir del cual el 4 de abril se han iniciado las primeras deportaciones al Estado turco y que ha supuesto una situación de denuncia constante ante la vulneración de los derechos de las personas refugiadas y migrantes económicos.

Pero, ¿qué ha ocurrido antes? ¿En qué consisten exactamente el acuerdo y dichas deportaciones? ¿Cómo, en definitiva, se ha llegado a una situación en la que es Europa, y no otro, el que ha apostado por una medida cuestionable por lo que respecta a los derechos humanos y al Derecho Internacional?

En febrero las autoridades que hasta entonces habían permanecido poco activas, comenzaron a actuar. Frontex (Agencias de la Unión Europea, las autoridades fronterizas) intensificó su actividad a principios de febrero en las costas de la isla griega de Lesbos, a pesar de que ya en diciembre se había notificado su intervención en el Egeo. Se dedicaron a interceptar las precarias embarcaciones y llevaban ellos mismos a los refugiados a Mitilini, capital de la isla.

Aquel periodo breve pero constante provocó desconcierto entre el colectivo voluntario que, además de desconocer el motivo real por el cual las autoridades fronterizas habían comenzado a realizar el que debería haber sido su trabajo durante los meses anteriores, vivió unos días en que el flujo en general de llegadas se vio reducido. Puede que a la expectativa, por parte de las mafias de la costa turca, de lo que acabaran haciendo los efectivos de Frontex. A finales de semana – viernes y sábado, 5 y 6 de febrero – los campos oficiales de refugiados en Lesbos, Moria, Kara Tepe y Pipka, estaban prácticamente vacíos. Sin embargo, pocos días después, las embarcaciones volvían a llegar a la costa y organizaciones como Lighthouse Relief o Team Platanos retomaban su actividad con más regularidad.

El 11 de febrero, medios como el británico The Guardian anunciaban la incorporación inmediata de embarcaciones de la OTAN al Mar Egeo – un total de 3 – para, alegaba la organización supranacional, “impedir el tráfico ilegal de personas”. Colaborarían con Frontex y con las autoridades turcas y griegas.

La respuesta de algunos estados europeos

Vincent Cochetel, director de ACNUR en Europa, reconoció ese mismo 11 de febrero: “El plan es de reubicar a 160.000 refugiados en un plazo de dos años y por ahora no está funcionando, pero no por esto debemos matarlo. No tenemos un plan B”. Denunció también la insuficiente implicación por una parte de los estados del espacio comunitario, aquellos que prácticamente no están afectados por la llegada de refugiados.

No obstante, tan sólo cuatro días después, Austria anunciaba que restringía sus fronteras, introduciendo en ellas controles en 12 pasos diferentes – levantando vallas – con Italia, Hungría y Eslovenia, informaba El País.

Avanzando en el tiempo, el 21 de febrero, en Twitter ya se anunciaba lo que en los medios de comunicación aparecería un día después: la República de Macedonia impedía a las personas de nacionalidad afgana seguir cruzando a través de su frontera, un colectivo que aún supone casi el 30% de las personas que llegan a Grecia. “Macedonia asegura que tomó la decisión porque Serbia le anunció que no dejaría pasar a los afganos. Serbia, por su parte, culpa a Austria y Eslovenia”, relataba el diario Clarín.

La decisión de la popularmente conocida como Macedonia supondría para Grecia tener que hacer frente a una cantidad mucho mayor de personas con impedimentos para continuar su camino hacia el norte de Europa. “El aislamiento de Grecia aumenta y el país no tiene medios para atender tal flujo de personas si no consigue evacuarlas hacia el norte”, denunciaba el diario argentino. El 26 de febrero las medidas continuaban, y Eslovenia, Croacia, Serbia y Macedonia limitaban el paso diario de refugiados a 580, restringiendo todavía más la Ruta de los Balcanes. Grecia comenzaba a notar las consecuencias de esas medidas. Y las llegadas se intensificaron comenzando a ver aquello que se avecinaba.

Marzo, el mes de las decisiones que cambiarían radicalmente el futuro que le esperaba a todo aquel que llegara a Grecia.

El acuerdo UE-Turquía

El mes del conocido pre-acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, el 7 de marzo. Un pre-acuerdo que colectivos de todo tipo – organizaciones humanitarias, periodistas, abogados, etc. – denunciaron por lo que suponía: la vulneración de los derechos de las personas que llegaran. “Aplicar esta medida indiscriminadamente a ‘todos’, sin diferenciar y procurar refugio a los potenciales solicitantes de asilo, supone una vulneración radical y manifiesta del derecho internacional y europeo que obliga a todos los países de la Unión y la Unión misma”, comunicaba en su página la Abogacía Española.

El mes en que se ratificó el conocido pre-acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, que pasó a ser el acuerdo oficial del 18 de marzo. Dicho acuerdo establece que todo aquel migrante que llegue de manera irregular a las islas griegas desde Turquía, será retornado a Turquía, considerado este un tercer estado “seguro”. Según el comunicado de prensa que emitió el Consejo Europeo ese mismo día, no se llevaría a cabo ninguna expulsión colectiva, por lo que citaba: “Se aplicará en plena conformidad con el Derecho internacional y de la UE”. En un principio dicho mecanismo contemplaba la colaboración de ACNUR que, al iniciarse el proceso, dejó claro, junto con Médicos Sin Fronteras, que no iban a colaborar.

Lo que dice la teoría es algo confuso y traza un proceso innecesario, costoso e ineficiente dada la magnitud de la situación. Se supone que se debe estudiar cada caso de manera individual. Aquellos que no tengan derecho a asilo, que no presenten dicha solicitud o que les sea denegada, serán devueltos a Turquía. Aquellos que hayan conseguido el derecho a asilo (ahora básicamente sirios), tramitado en suelo Europeo, también. Pero con una diferencia, citada en la nota de prensa de la institución europea: “Por cada sirio retornado a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a otro sirio procedente de Turquía en la UE”.

Ni afganos, ni iraquíes (que son las otras dos nacionalidades a las que se les concedía el derecho del refugiado). Ni ninguna otra nacionalidad que, aunque minoritarias en cuanto a llegadas, escapan también de conflictos y pobreza. Aquel migrante que no haya intentado entrar previamente de manera ilegal a Europa, tendrá prioridad a la hora de ser reubicado en algún país de la Unión. Muchos condicionantes, mucho papeleo. Se requieren demasiados recursos. Un proceso, además, que tendrá un número máximo de acogidas: 72.000 personas. ¿Y qué gana en esto Turquía? El Estado turco, que la Unión Europea con este acuerdo considera suficientemente seguro, debe tomar medidas para cortar las rutas marítimas – a través del Egeo – o terrestres ilegales y, por lo tanto, tendrá que “hacerse cargo” de todos los refugiados que lleguen al país con intenciones de ir a Europa. Recibe 6000 millones de euros por esta labor. Se le ha duplicado lo prometido en noviembre de 2015.

Abril muestra la Europa del post-acuerdo. Es el resultado de una medida tomada en función de unos intereses, un resultado pintado de tensión, reivindicación, desesperación. De autoridades con máscaras. De una Unión que no funciona.

Idomeni, quizás ahora el campo de refugiados de Grecia más conocido, es la máxima representación de la situación. Situado al norte del país, tocando la frontera con el estado macedonio, era un campo con una capacidad inicial no mayor a 1.500/2.000 personas. Sin embargo, a finales de febrero, las alarmas empezaban a saltar. Sobrecapacidad, sobrepoblación. Y con ello, se referían a más de 6.000 personas, datos de Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Más del doble de lo que podía soportar. A finales de febrero y a principios de marzo los números se incrementaban: 10.000, 11.000, 12.000, 15.000. La cifra disminuyó al final del mes – 11.318 personas de acuerdo con un informe de ACNUR. Aunque cada vez hay menos personas (pues el propósito del Gobierno griego era desalojar en abril el campo, trasladando a los refugiados a campos oficiales), todavía en abril se trataba de una cantidad insostenible en un lugar en el que faltan los recursos y en el que las organizaciones de voluntarios constituyen un papel esencial (de hecho, el campo está gestionado básicamente por ellos, no por autoridades oficiales).

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

“En el campo fronterizo de Idomeni las condiciones higiénicas son una de las grandes preocupaciones de las ONG que operan allí”, explicaba El País. Y es que, por ejemplo, no hay duchas (según ACNUR, pues un voluntario apunta que hay 5). Ni grifos. 128 lavabos, que siguen siendo pocos comparado con la cantidad de personas. Y no sólo eso: mucha lluvia, barro. Alojados en tiendas de campaña. Es decir, a la intemperie. Muchos niños. Suponen el 38% del total de las personas que llegan a Grecia, el 40% en Idomeni.

Sin embargo, no sólo es Idomeni. Los campos en general estaban – y muchos todavía están – por encima de su capacidad. De hecho, a mediados de marzo, el estado griego anunciaba que habilitaría hasta 15 zonas más para descongestionar algunos de los campos. Por aquel entonces, en el puerto ateniense de El Pireo, gestionado por voluntarios y con tan sólo 12 duchas, se concentraban más de 3.500 personas. Hasta hace unos días, la cifra ascendía a 5.000 (40%, también niños). No obstante, todos los asentados en el puerto están siendo desalojados (no sin la oposición por parte de muchos): la temporada turística para Grecia se avecina y las autoridades quieren la zona despejada.

En total, el 30 de marzo se contabilizaban 25 campos de refugiados – sin contar las islas griegas – gestionados por colectivos de diversa índole: voluntarios, autoridades municipales, militares (pues hay campos que están militarizados, como el de Kavala, motivo por el cual muchos refugiados se niegan a abandonar campos como el de Idomeni), instituciones gubernamentales… En los informes de ACNUR faltan datos de muchos de ellos. Pero la mayoría comparten las mismas características: pocas duchas, la mayoría sin agua caliente, pocos grifos y pocos baños (en casi ningún sitio separados por sexo, como ocurre con las duchas). Algunos directamente no disponen de alguno de los ítems anteriores. Algunos no cumplen con las condiciones de higiene apropiadas. O no tienen zonas seguras para niños. O la distribución de comida es deficiente.

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Las medidas restrictivas del resto de estados europeos – aquellos que configuran la Ruta de los Balcanes y, sobre todo, la República de Macedonia (Antigua República Yugoslava de Macedonia) – así como el mes de marzo del pre-acuerdo y del acuerdo han condenado a Grecia. Son más de 50.000 personas las que han quedado estancadas en el estado griego. Personas que consiguieron llegar antes de que todo el proceso UE-Turquía se pusiera en marcha – a partir del 20 de marzo el acuerdo entraba en vigor – pero demasiado tarde para tener vía de acceso al resto de continente europeo.

Campos de detención y primeras deportaciones

Las primeras deportaciones no comenzaron hasta el lunes 4 de abril. Los días antes de su inicio, las autoridades griegas empezaron a trasladar a refugiados de las islas a campos militares, a la espera de ser deportados o no a Turquía. El 2 de abril, los periodistas David Zorrakino (apellido usado en Twitter) y Sara Montesinos, ambos voluntarios de la ONG Lighthouse Relief y actualmente en la zona de Idomeni, presenciaron en Lesbos dicha situación y registraron imágenes que mostraban cómo entre 200 y 230 personas eran trasladadas en ferri, maniatadas por parejas con bridas y custodiadas por la policía. Los llevaban a un campo militar en Kavala (Grecia continental). Montesinos afirmaba para el diario la Directa que, una vez allí, no podrían salir libremente.

Los campos de las islas griegas, que hasta el momento habían sido un lugar de paso, se convirtieron en campos de detención. Todo aquél que llegara tendría que quedarse en estos hasta que se hicieran los trámites necesarios o sería trasladado a un campo militar en el continente.

En Lesbos, el campo de Pipka, inicialmente para colectivos vulnerables, se cerrará temporalmente por “reformas”, informa una voluntaria. El campo de la organización No Border Kitchen, un campo extraoficial que acogía sobre todo a personas de nacionalidad marroquí y algeriana, ha sido desmantelado. “Moria está sobrepoblada”, afirmaba a principios de abril la misma voluntaria. En cuanto al campo abierto de Kara Tepe, actualmente está en funcionamiento.

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Se mantuvo cerrado unos días, días en los que la situación en Moria era extrema, pues prácticamente todo aquél que pisara la costa era enviado allí y al ser un recinto cerrado su capacidad es mucho más limitada.

Ha llegado a haber 3.000 personas detenidas en su interior. Reabrieron Kara Tepe para la visita del Papa Francisco transcurrida el 16 de abril. Para el acontecimiento, vaciaron un poco Moria – llevando a parte de los “presos” a Kara Tepe – y se encargaron de que el aspecto del campo no fuera tan lamentable (borraron pintadas, etc.). Durante la visita, la policía evitó que voluntarios se acercaran a denunciar la situación de los campos ante el Papa, así como que exhibieran pancartas con mensajes en la misma línea. Volvió al Vaticano con 12 refugiados.

“Las personas con las que hablamos nos dijeron que sí que hay comida, pero es tan triste que muchos no están comiendo”, explicaba sobre Moria otro voluntario días más tarde. Ambos voluntarios citados pertenecen a Lighthouse, que actualmente también opera en la Grecia continental. Las condiciones de estos campos reconvertidos en espacios de detención no sólo han sido denunciadas por personas que llevan a cabo allí labores de ayuda humanitaria, sino que también por los propios retenidos (en el caso de Moria, cuando todavía funcionaba como un campo de registro, no de detención, las críticas también estaban presentes sobre todo por la mala gestión de la situación y de los recursos en momentos de saturación de personas).

“La ONU y varias ONG han criticado duramente las condiciones en las que están retenidos todos los migrantes que han ido llegando desde el 20 de marzo, incluidos los considerados vulnerables como los menores no acompañados, las embarazadas, los supervivientes de torturas, ancianos y enfermos”, citaba El País. La voluntaria nombrada explicaba este 28 de abril que algunos de los detenidos, desde que llegaron, aún no se han podido cambiar de ropa.

En cuanto a las deportaciones, si bien se iniciaron el 4 de abril, un día después tuvieron que detenerse, habiéndose devuelto a Turquía, eso sí, 202 personas. La medida fue tomada por el Gobierno griego debido a la avalancha de peticiones de asilo por parte de los refugiados y, por lo tanto, también ante la necesidad de redefinir los listados de inmigrantes a deportar. A la situación cabía añadirle la falta de personal suficiente de la Oficina Europea de Asistencia al Asilo (EASO), encargada de procesar dichas demandas. Lo reconocía el director de ACNUR en Europa Vincent Cochetel en The Guardian.

En Lesbos, de acuerdo con la prensa local, de los 3.150 refugiados que había en ese momento, 2.800 se habían registrado (habían solicitado asilo). En Quíos – otra isla griega más al sur – se pasó de 0 peticiones a 540 en un día. Sin embargo, el día 8 de abril las autoridades retomaban las deportaciones y lo hacían llevando a Turquía a 124 personas, la mayoría de Pakistán. A pesar de ello, las llegadas no han cesado.

La relativa rapidez con la que se han llevado acabo las primeras devoluciones – en dos días, 326 personas – contrasta con la lentitud con la que se están llevando acabo las reubicaciones, tanto desde Italia como desde Grecia. El 6 de abril se habían reubicado 1.111 personas de las 160.000 acordadas – aunque sólo el año pasado llegaron más de un millón – por los estados de la Unión Europea el 23 de septiembre. Este 27 de abril la cifra había ascendido a 1.429. Aún así, sigue siendo una cifra ridícula. Aún así, España todavía cuenta con tan sólo 18 refugiados reubicados. Aunque ante el toque de atención recibido por Bruselas el 20 de abril, se comprometió a acoger a 87 personas más. De las 16.000 que debería. El objetivo que ha anunciado la Comisión Europea para el 20 de mayo es de 20.000 personas recolocadas sumando Italia y Grecia.

Denuncias, reivindicaciones y lucha

Cuando se trata de refugiados en Europa, Twitter arde. Son los voluntarios y las organizaciones humanitarias los que dan voz a aquellas personas atrapadas en Grecia, tanto en las islas como en el continente. Pero sobre todo los primeros, personas que lo único que pretenden es ayudar de forma gratuita. Médicos, payasos, músicos, otros dispuestos a hacer lo que haga falta.

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

También hay voluntarios-periodistas, con una doble función. Y periodistas que ejercen únicamente de ello y que, en muchos casos, llevan allí meses ayudando también a su manera. Todas estas personas, todos estos colectivos, son los que informan a diario, los que muestran cómo viven, o malviven, estas personas a la espera de ser deportadas o, si algún día llega, reubicadas. Denuncian situaciones de abuso por parte de las autoridades. De violencia y de injusticia.

Escriben pancartas, recolectan dinero, distribuyen comida y otros recursos. Se manifiestan en el terreno. Se tiran al agua si es necesario. Intentan hablar con el Papa cuando pisa la isla de Lesbos. Posibilitan que los niños sigan siendo niños. Que jueguen, pero que también vayan a la escuela. Que aprendan cosas nuevas además de la frase en inglés “Open the borders”.

En el norte, donde Idomeni huele a desesperación, son el elemento de apoyo. Les instan a no perder la esperanza. O, al menos, a no descomponerse. En algunos momentos, se unen a su causa. Como cuando se produjo el 14 de marzo la “marcha de Idomeni”, en la que cientos de refugiados, acompañados de voluntarios y periodistas, salieron del campamento y se dirigieron a la República de Macedonia por una vía alternativa. Y entraron. Aunque después los devolvieron a Grecia. Varios periodistas y voluntarios fueron retenidos. El 10 de abril se producía también en Idomeni, frente a la frontera, una protesta que exigía que se abrieran las puertas al resto de Europa. Una protesta que terminó siendo una batalla campal. Gases lacrimógenos que acabaron llegando a las tiendas de aquellos que no participaban (también se vieron afectados mujeres y niños). Pelotas de goma. Un cañón de agua. Y los voluntarios y organizaciones como Médicos Sin Fronteras se mantuvieron allí. El 14 de abril arrestaban algunos de ellos – voluntarios – por “desestabilización de la democracia griega y desacato de la autoridad”. El Gobierno insta a marchar a los refugiados. Pero muchos no quieren. Porque temen tener menos libertad si dejan Idomeni. Porque son los únicos que siguen presionando en la frontera.

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Campo Refugiados Idomeni. Foto de Jon Gonzalo Torróntegui

Pero también luchan cuando están solos. En Moria hay 3.000 personas detenidas de las cuales 150 son menores no acompañados (datos que daba La Vanguardia el 27 de abril). El 26 de de abril se produjo un motín en el interior del campo que dejó varios heridos. Los agentes locales informaban a la Agencia EFE. Según estos, todo comenzó cuando unos chicos intentaron escapar del módulo de menores no acompañados. Los altercados duraron varias horas y los antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos. Los detenidos respondieron con fuego. Dicha revuelta se produjo durante la visita – añadía La Vanguardia – del Ministro griego de Inmigración Yannis Mouzalas y su homólogo holandés Klaas Dijkhof. El periodista Arbide Aza afirmaba que Mouzalas justificaba la acción policial. Eso sí, habría una investigación para detectar posibles excesos. El periodista Andrew Connelly, no obstante, publicaba un mensaje de un refugiado sirio desde el interior de Moria: según él, todo había comenzado cuando un policía había golpeado un menor.

La información en las islas cada vez está más restringida. El periodista apenas puede trabajar. El voluntario tampoco. Pero, al menos, todavía pueden poner en duda las versiones oficiales.

Más allá de Grecia

Ciudadanos europeos denuncian y reivindican. Salen a la calle. Han salido más de una vez. El 27 de febrero, se concentraban en más de 100 ciudades europeas – 39 españolas – y pedían un pasaje seguro, un safe passage. Que acabaran las muertes en el mar Egeo, que existieran vías seguras. Sin embargo, en menos de dos semanas se producía el pre-acuerdo. Y después el acuerdo. Y el 19 de marzo, un día después de la medida acordada por la Unión y Turquía, en Barcelona de nuevo volvían a salir a la calle (en una manifestación con un sentido más amplio). Con pancartas que se repetían de la manifestación anterior, pero también con otras denunciando el papel de la Unión Europea. Ya se hablaba de “vergÜEnza”. Desde entonces han seguido habiendo concentraciones, caceroladas, etc. Ayuntamientos que han colgado en su balconada el lema Welcome Refugees.

Otros colectivos y organizaciones también denuncian. La Abogacía Española se pronunciaba en contra del pre-acuerdo. Amnistía Internacional, la asociación internacional independiente que trabaja para defender los derechos humanos en todo el mundo, hacía públicas el 1 de abril informaciones que descartaban a Turquía como un país seguro. Según la organización, el Estado turco ha estado obligando a miles de personas refugiadas sirias a volver a su país en los últimos meses. Hombres, mujeres y niños. “En su desesperación para sellar las fronteras, los líderes de la UE han ignorado a propósito el más simple de los hechos, que Turquía no es un país seguro para los refugiados sirios”, decía el director para Europa y Asia Central de la organización, John Dalhuisen, a través de El País. Los diarios también se pronuncian, también denuncian y optan por la parcialidad en esta situación. El 6 de abril The New York Times publicaba una editorial clara y posicionada al respecto: “La Unión Europea debería suspender las deportaciones de Grecia a Turquía hasta que el trato a los refugiados en ambos países respecte los estándares legales y humanitarios internacionales y de la Unión Europea”.

Así pues, ciudadanos gritan, refugiados siguen en su lucha, voluntarios y periodistas en el terreno también. Los medios de comunicación abandonan la imparcialidad. Las organizaciones humanitarias y vinculadas a los derechos humanos muestran su desacuerdo. Grecia está desbordada. Faltan recursos. Falta información. Hay áreas a las que es difícil acceder y no se puede saber qué sucede exactamente en su interior. Turquía pertenece al Consejo de Europa y debe respetar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y todo apunta a que no lo hace. Y Europa lo sabe. Pero decide ignorarlo.

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