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PANRICO EN LUCHA/ Fotografía de Idoia Capuz
PANRICO EN LUCHA/ Fotografía de Idoia Capuz

PANRICO SIGUE EN LUCHA

Una articulo de Idoia Capuz Sánchez

El miércoles pasado una veintena de extrabajadores de Panrico se concentró delante de la Panificadora de Santa Perpètua de Mogoda para manifestar su rechazo hacia los últimos 23 despidos. Pero sobretodo querían recordar a la sociedad en general y a la dirección de la empresa en particular los mensajes “no estamos muertos, seguimos aquí” y “seguiremos luchando hasta que no nos queden fuerzas para hacerlo”.

Concentración ante la Panificadora/ Fotografía de Idoia Capuz

Concentración ante la Panificadora/ Fotografía de Idoia Capuz

23 despidos más

El pasado seis de marzo, la empresa desafió abiertamente el veto que le impuso la Audiencia Nacional hace menos de un año y que prohibía ejecutar los despidos que Panrico tenía previstos para el 2015 y el 2016 en Santa Perpètua de Mogoda- 79 y  77 respectivamente- en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que inició la empresa el año 2013. Algunos de los afectados aseguran que no se les ha dado ninguna explicación más allá de que los despidos son objetivos y necesarios para disminuir costes y garantizar la viabilidad de Panrico. Por ello han decidido externalizar el servicio de logística y almacén con la empresa de servicios Avanza. La dirección de la empresa afirma no incumplir la sentencia al haber rescindido de manera individual estos contratos, fuera del ERE. Un miembro del que fuese el Comité de Huelga, Agustín Cinta, explica que 15 de los afectados se encontraban en un ERE temporal (1 año de duración), “les han despedido después de perder 8 meses de paro”. Los otros 8 afectados llevaban un mes trabajando en la empresa. Y es que mientras la empresa aplica un ERE está pidiendo currículos y buscando nuevos trabajadores, eso sí con sueldos más bajos por hacer el mismo trabajo. La manera en que se han efectuado los despidos supone a los perjudicados cobrar 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades frente a los 24 días con un tope de 14 mensualidades que estipulaba el ERE, es decir, bastante menos. Agustín afirma “la empresa está haciendo lo que le da la gana, esté bien o esté mal, y le da igual la sentencia de la Audiencia”.

Los afectados tenían un máximo de 20 días para denunciar, pero algunos de ellos no lo han hecho ni han demostrado demasiado entusiasmo por movilizarse, según afirma Cintas junto otros extrabajadores, ya que la empresa ofreció a algunos de los 23 despedidos la posibilidad de recuperar su puesto de trabajo. La mayoría de casos los lleva el sindicato Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT), también la CGT y algunos CCOO, a pesar del descontento con la gestión que ha hecho de todo el proceso el Comité de Empresa con los miembros de la plantilla afiliados a este último sindicato.

Esperando la sentencia del recurso de la Audiencia Nacional

Ahora los trabajadores afectados se encuentran esperando la resolución del Tribunal Supremo sobre el recurso que impusieron a la sentencia- en mayo del año pasado- de la Audiencia Nacional. “Tiene todas las denuncias paradas”; “Todo está supeditado a esta sentencia”.

La Audiencia Nacional daba gran parte de razón a la empresa, pero también a los trabajadores. Sentenció que la empresa no podía incluir los despidos que tenían previstos para los años 2015 y 2016 en el ERE. También en otros aspectos, como la forma en que se estaban llevando a cabo las indemnizaciones, la empresa cometió irregularidades: los primeros despedidos recibieron la indemnización fraccionada en 18 pagos, cuando se la tendrían que haber pagado, como estipula la ley y sentenció la Audiencia, de una sola vez” comenta el extrabajador. A día de hoy, los primeros 31 despedidos siguen recibiendo la indemnización de manera fraccionada.

Por otro lado, a la espera de la resolución del recurso, la dirección de la empresa estaba negociando un convenio con los representantes sindicales de sus diferentes fábricas desde principios de año, pero ahora ha detenido las negociaciones.“Temen que la sentencia dicte algo a favor de los trabajadores”, asegura Agustín. Además parece que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, no quieren negociar con la empresa por los últimos 23 despidos. Los sindicatos decidieron parar las negociaciones, primero UGT y seguidamente CCOO, después de la rueda de prensa que dieron algunos de los afectados haciendo público que se habían efectuado estos últimos despidos, a mediados de marzo. “En vez de un convenio por fábrica habría uno igual para todas las fábricas del estado, hecho que perjudicaría en especial a los trabajadores de la planta de Santa Perpetua, supondría ir a la baja. Fuimos la primera fábrica de la empresa y estamos en una zona geográfica en que las condiciones laborales son algo mejores, por ello contamos con un convenio mejor” comenta Agustín.

Para los afectados por el caso de Panrico la mejor resolución de la sentencia sería que se declarará el ERE nulo. Entonces la empresa debería devolver su puesto a los trabajadores despedidos.  En caso de no hacerlo, asegura Cintas,  “iríamos delante de la fábrica a reclamar nuestro puesto de trabajo, seguiremos luchando”. Si no se declara el ERE nulo, el afectado comenta que tratarían cada caso de manera individual, “hasta donde pudiéramos llegar”. Ahora mismo solo 50 personas de las que hicieron huelga están trabajando, “luchamos por recuperar nuestro puesto, que está ahí dentro (de la panificadora), nada más”.

Cintas también asegura que el 1 de Mayo tienen pensado participar de alguna movilización, querrían “sacarle los colores” a aquellos que señalan como responsables y cómplices de su situación, CCOO y UGT. Recuerda las cartas en las que Enrique Lillo, el responsable del gabinete interfederal  y abogado en Madrid de CCOO,  afirmaba que el sindicato podría haber recibido dinero de la empresa por su “buena” gestión en el proceso y que él mismo había recibido presiones des de la Federación Agroalimentaria (FEARGA) de CCOO para dejar en indefensión jurídica a los trabajadores afectados.

Heridas abiertas: denuncias

Dos miembros del Grupo de apoyo formado por diversos colectivos y partidos que asesoran y trabajan con los afectados, Esther Alcázar y Luis Carlos G. Pintado, de Lluita Internacionalista, recuerdan algunas de las denuncias que están en los tribunales en estos momentos o conflictos concretos que el grupo está siguiendo de cerca.

En primer lugar mencionan la denuncia que los trabajadores impusieron a la Generalitat ante la Fiscalía de Anticorrupción por los 8 millones de euros que la institución dio a la empresa, a través del Institut Català de Finances, posibilitando el despido de 60 trabajadores, con dinero público. Por este motivo los extrabajadores y la CUP han solicitado una reunión con el Conseller d’Interior, Felip Puig, ya que prometió reunirse con los afectados durante la huelga, pero nunca lo hizo. Los extrabajadores señalan a la Generalitat como cómplice de su precariedad.

También comentan la denuncia impuesta al consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, por un caso de injurias, ya que dijo que no podía recontratar a los trabajadores en huelga por no poder garantizar que estos no fueran a “envenenar” los donuts.

Se denunció a la empresa por vulneración de derecho a la huelga ante la Fiscalía de Barcelona, seguidamente se llevo la denuncia a la Fiscalía de Sabadell e incluso ante al Síndic de Greuges de Sabadell, cuando Gila aseguró que despediría a todo aquel que hubiera participado en la huelga, pretendía despedir al Comité de Empresa al completo y algunos de los más implicados. A día de hoy todos aquellos que formaban parte del Comité de Huelga están despedidos. Fue cuando la empresa intentó negociar la reducción del 40% de los despidos a cambio de escoger las cabezas de turco.

También se impuso una denuncia por camiones procedentes de fábricas de todo el estado que subministraban productos como si estuvieran producidos en Santa Perpètua de Mogoda durante los 8 meses que duró la huelga. Se hizo un informe desde Inspección del trabajo en el que se determinó que la empresa, de nuevo, estaba vulnerando el derecho a huelga de los trabajadores. Entonces la Conselleria de Treball fijó una multa de 6.250 euros por un primer camión. Hay denuncias por unos 40 camiones, aunque no se sabe la cantidad de productos que pudieron distribuir durante la huelga. De momento la Generalitat no ha hecho efectiva ninguna sanción. La empresa efectuó 6 despidos disciplinarios de personas que hicieron piquetes frente a los camiones.

Sin duda alguna la herida más abierta es la de aquellos que han perdido su trabajo, los despedidos de una empresa en la que -en la mayoría de los casos- llevaban más de 15 años trabajando; una primera tanda de 31 rescisiones de contrato en 2013, el año pasado 104, 60 y 6 disciplinarios e incumpliendo lo dictado por la Audiencia Nacional, una última tanda de 23. En total suman 224 de los 745 que se contemplan en el ERE presentado inicialmente por Panrico SAU, propiedad de la multinacional Oaktree, y que pretenden liquidar entre los años 2012 a 2016.

Sensaciones

Los afectados se concentran ante la mirada de tres guardias de seguridad dispuestos por la empresa, separados de los manifestantes por unas cinco vallas metálicas y un coche de los Mossos d’esquadra que ronda por la zona de la panificadora.

3 guardias, vallas y un coche de los mossos d'esquadra/ Fotografía de Idoia Capuz

3 guardias, vallas y un coche de los mossos d’esquadra/ Fotografía de Idoia Capuz

Uno de los 23 despedidos, Joaquín Rodenas, y una miembro del colectivo Pan y Rosas, Rosa Lub, comentan cómo fueron esos 8 meses- la huelga más larga de la democracia en España- reflejando en sus ojos la intensidad de la experiencia y todo el agradecimiento por la solidaridad mostrada des de diferentes sectores, colectivos y gente a título individual. “La gente te traía leche, sacos de patatas…Aquí (campamento al lado de la fábrica) estábamos día y noche y día y noche había gente”. Rosa quiso hacer hincapié en el importante papel que tuvieron las mujeres en la huelga, vendiendo sus manualidades para que la caja de resistencia pudiera hacerse fuerte. “Pasaban días enteros vendiendo en el mercadillo, con el frío que hacía” dice Rodenas. “También participaban en los piquetes para interceptar a los camiones que traían productos pertenecientes de otras fábricas, queriendo boicotear la huelga, plantaban  cara” añade Rosa. “Pan y Rosas es un colectivo que precisamente pretende visibilizar la lucha de las mujeres”, insiste. Lub explica que ahora las mujeres siguen dando charlas sobre la huelga y que poco a poco han ganado el coraje para hacer de portavoces y visibilizar la lucha de la que forman parte importante. Rodenas explica que todos los que participaron en la huelga aportaron algo muy especial, cada uno tenía su papel. “Yo me encargaba de los palés” (para construir el campamento).

Joaquín Rodenas, uno de los 23 despedidos/ Fotografía de Idoia Capuz

Joaquín Rodenas, uno de los 23 despedidos/ Fotografía de Idoia Capuz

Los manifestantes piden a los coches que pasan que “toquen el pito” (en contra de Panrico SAU) Mayores, jóvenes, pequeños, mujeres y hombres, también miembros de algunos de los colectivos que forman parte del grupo de apoyo: Lluita Internacionalista, Pan y Rosas (Clase contra Clase), SUT, Asociació de veïns de Sabadell, CGT, entre otros, tienen claro que “PANRICO (sus trabajadores) es y será ejemplo de dignidad”.

Lucha de las y los trabajadores, lucha intergeneracional/ Fotografía de Idoia Capuz

Lucha de las y los trabajadores, lucha intergeneracional/ Fotografía de Idoia Capuz

Finalmente consiguen cortar la carretera dos minutos, hacer algo de ruido. Abrazos, despedida y hasta la próxima.

Idoia Capuz Sánchez
Estudiant de periodisme a la UAB, redactora de lacolumna.cat i apasionada de l'activisme social, en especial del feminisme. Artista quan puc i em deixen.

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