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Marcha contra las Violencias Machistas-7N/ Fotografía de Bárbara Boyero (Pikara Magazine)
Marcha contra las Violencias Machistas-7N/ Fotografía de Bárbara Boyero (Pikara Magazine)

Radiografía de la violencia de género en el Estado español

Un artículo de Iris Rodríguez e Idoia Capuz

Datos. Más necesarios que nunca cuando hablamos de un tema tan delicado como es la violencia contra las mujeres. Decir que la violencia machista, sólo durante los 12 años en los que ha habido registros oficiales, ha matado a más mujeres que ETA en 41 años parece que ya no nos hace temblar. Lo hemos oído tantas veces que no analizamos la gravedad de la cifra: 814. Ese es el total que contabiliza la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en su portal estadístico, ochocientas catorce mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas desde 2003 hasta el pasado 20 de noviembre. De todas ellas 451 no habían interpuesto una denuncia por violencia de género, de 201 no se tiene constancia y tan solo 159 lo habían hecho.

¿Qué nos dicen los datos oficiales?

La última macroencuesta del gobierno sobre la violencia de género – teniendo en cuenta que analiza y divide la violencia en física, sexual, psicológica de control, emocional, económica y miedo- muestra la incidencia de dicha violencia tanto en el ámbito de la pareja /ex pareja como fuera de esta. Un 19,6% de la mujeres residentes en el Estado español de 16 o más años  ha sufrido violencia física a lo largo de su vida. En lo que respecta a la violencia sexual -contabilizados en base a violaciones o a intentos de violación u otros formas de violencia sexual- es de un 13%.   Y en total, el 24,2% han sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de sus vidas de parejas, exparejas o terceros.

Los asesinatos son la punta del iceberg de un conjunto de actitudes violentas que se reproducen en las relaciones de pareja. Los datos oficiales afirman que el 11,9% de las mujeres residentes en España de 16 o más años y que tienen pareja en la actualidad han sufrido violencia psicológica de control de esta pareja en algún momento de la relación, el 9,3% violencia psicológica emocional y el 3,3% violencia económica. Un dato preocupante es que estos casos de control psicológico son mayores en las edads entre 16 y 19 años.

El pasado 30 de junio el número de denuncias por violencia de género interpuestas en el Estado español según datos del Consejo General del poder judicial supera las 62 mil. Un dato que si lo comparamos con el total de denuncias de los años pasados nos indica que no hay una reducción del número de las denuncias, en el 2014 se interpusieron un total de 126 mil, cifra que no se aleja de las 135 mil del 2009. En lo que respecta a las órdenes de protección oficial los últimos datos de junio de 2015 son de más de 17 mil, números que de nuevo se asemejan a los del último lustro donde a final de año se contabilizan alrededor de 35 mil.

En lo que respecta a la reacción de las mujeres ante comportamientos violentos o ante el miedo a dicha pareja el 77,6% habrían acabado con la relación en cuestión. Sin embargo tan solo un 28% de las mujeres que afirman haber sufrido violencia de género acudieron a denunciar, un 67% de los casos no llegó a ponerse en conocimiento de la policía. Los motivos principales que les hicieron no acudir a la policía son, por orden, el no conceder suficiente importancia a la violencia de género sufrida (44,6%), el miedo (26,56%) y/o la vergüenza, el no querer que nadie lo supiera (21,08%).

Un 20,9% de las mujeres que han interpuesto una denuncia en la policía o el juzgado, la acabaron retirando. “Le prometió que no iba a suceder más” es el motivo por el que un 30% de las mujeres que denunciaron retiraron dicha denuncia. El “miedo” y “ser el padre de sus hijos” son otros de los motivos principales que se presentan en la encuesta del gobierno.

Cabe añadir que según el informe aproximadamente un 56% de las mujeres que denunciaron aseguran estar muy o bastante satisfechas con la atención recibida por parte de la policía. Aún así, la presidenta del Centro de Asistencia a Víctimas de la Agresiones Sexuales (CAVAS), Tina Alarcón, asegura que: “En los interrogatorios, por ejemplo, se duda todo el rato de si (las mujeres) dicen la verdad o no”.

Otros datos significativos son las agresiones hacia los hijos de las mujeres que sufren maltrato. Un 64% de las mujeres agredidas aseguran haber sufrido el abuso delante de sus hijos, de estos un 90% eran menores y (a su vez) un 64% de los mismos también fueron agredidos.

Una infografía de Dave Vilà

Una infografía de Dave Vilà

Una cuestión de Estado

Parece claro que estamos hablando de una violencia sistemática hacia las mujeres y que no muestra indicios de estar reduciéndose, todo lo contrario. Ante esta problemática el movimiento feminista exige una respuesta eficaz e inmediata por parte del Estado, ya que de lo contrario les seguirán considerando cómplices de lo que denominan “terrorismo machista”.

El 7N tuvo lugar la primera Marcha estatal contra las Violencias Machistas, la cual aglutinó a más de 200.000 personas, entre ellas mujeres y hombres (sobretodo mujeres) decididas a invertir esta situación y a hacer de esta problemática “una cuestión de Estado”.  Sus peticiones pasan por los siguientes términos:

La necesidad de que se desarrolle e  implemente el Convenio de Estambul, que el Gobierno ya ratificó en su momento, y el cumplimiento de las recomendaciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, sus siglas en inglés), órgano que asegura que “la austeridad unida a ‘la cultura del machismo y la influencia social de las instituciones religiosas patriarcales’ llevan a que los avances en igualdad de género alcanzados estén en ‘riesgo de retroceso”. El Convenio de Estambul por su parte procura por la prevención de la violencia, la protección de las víctimas y capacita el emprendimiento de acciones legales contra los agresores.

También exigen una reforma y la aplicación real de la ley 1/2004, la Ley Integral contra la Violencia de Género, para que estén reflejadas todas las formas de violencia contra las mujeres. Y es que un reciente estudio llevado a cabo por la plataforma Generando Red, ha demostrado que esta ley ha resultado insuficiente y que además ha sido mal aplicada, concretamente en el análisis  realizado en la Comunidad de Madrid.

Uno de los primeros déficits detectados atiende a una de las principales demandas que también se hacen des del manifiesto del 7N, en materia de prevención y educación de la sociedad, rompiendo el imaginario patriarcal y apostando por una educación con perspectiva de género. El informe ha detectado que apenas un 6% de la comunidad educativa (profesionales y alumnos) reciben este tipo de formación. Tampoco se cuenta con ningún protocolo para garantizar que los libros de texto no contengan material sexista. Además, la reforma de la LOMCE no plantea objetivos de igualdad entre hombres y mujeres. La Ley Integral contempla la regulación de la publicidad y de los medios de comunicación para asegurar la no promoción de contenidos sexistas, aún así, por ejemplo, la televisión pública de Madrid tampoco cuenta con ningún protocolo para regular sus contenidos, a diferencia de otras comunidades autónomas.

Otra exigencia va encarada a la protección de las afectadas y de sus hijos e hijas. Facilitando diferentes salidas que supongan una verdadera recuperación, económica y vital, independientemente de sus condiciones administrativas. La macroencuesta  indica que el 70% de las agredidas solicitan ayuda psicológica, el 45% económicas y el 34,4% apoyo jurídico.

El informe señala que el 43% de las mujeres agredidas en el Estado son dependientes económicamente de sus agresores. Por eso es imprescindible dotar a estas mujeres de los mecanismos que les permitan ser independientes en cualquier aspecto de sus vidas. Los datos indican que el año 2008 se destinaron unos 40 millones en recursos para la Partida de Violencia de Género e Igualdad, el año 2014 se redujo hasta la mitad, 20 millones. También cabe destacar que la partida contra la violencia de género supone el 0,01% del total de los presupuestos generales del 2016 y se reduce en 22% el presupuesto en prestaciones algo que afectará especialmente a las mujeres con mayor tasa de desempleo y mayor precariedad laboral. En los presupuestos tampoco se contempla ninguna partida para la lucha de la discriminación laboral ni las diferencias salariales entre hombre y mujeres.

En el entorno judicial, la situación es más dramática, en todo el Estado español en el año 2014 se solicitaron 33.167 órdenes de protección y solo se concedieron el 56,6% de las mismas. En cambio en el año 2008 se adoptaron el 73,4% de 44.000 solicitudes aproximadamente. Datos que según el informe demuestran y justifican la desconfianza de las agredidas con la justicia.

La importancia de los términos: violencia de género, doméstica o feminicidio

Otra de las demandas más sonadas pasa porque la lucha y los recursos incluyan tanto la violencia que ejerce la pareja o ex pareja como las agresiones sexuales, el acoso sexual en el ámbito laboral, la trata con fines de explotación sexual/laboral de mujeres y niñas y todas las violencias machistas. Y es que de unos años para aquí el término “feminicidio” está siendo cada vez más adoptado por la lucha feminista, pero el objetivo real es que sean los Gobiernos y la sociedad en general quienes adopten este término.

Se trata de un neologismo inglés usado por primera vez en 1976 por la activista y escritora Diana Rusell para referirse a estos asesinatos hacia las mujeres. Este adquirió un significado político a través de la obra de la antropóloga mexicana, Marcela Lagarde. Desde entonces el concepto lleva implícita la connivencia de los poderes públicos, hay feminicidios cuando el estado no crea condiciones de seguridad para evitar la violencia machista. Los recortes económicos y cómo éstos han afectado a la lucha contra la violencia de género, son la base que legitima el uso de este término en el Estado español en la actualidad.  Estamos ante un incumplimiento de la legislación por parte de los estados, como afirma la antropóloga Olga Rodríguez “hablar de feminicidio añade un matiz más allá de violencia sexista o machista, hablar de feminicidio es poner el dedo en la llaga y hacer de este terrorismo machista una cuestión de estado, tal y como reclamaba la reivindicación del pasado 7 de noviembre en Madrid

El Estado español, decidió emplear  “violencia de género” para designar los delitos de violencia en los que el agresor tenga o haya tenido una relación sentimental con la víctima. Esto conlleva dos problemáticas: la sociedad no atribuye estos delitos a la dominación masculina y en el cómputo de asesinatos y agresiones machistas quedan excluidas muchas mujeres. Teóricamente la Ley Integral también contempla las mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja, pero en los registros oficiales de violencia de género quedan excluidas. Por eso el Estado solo contabiliza unas 50 víctimas asesinadas este año por violencia machista, y el portal feminicidio.net unas 93.

En palabras de Gabriela Atencio, integrante de Otro Tiempo -colectivo impulsor de feminicidio.net- utilizar el término ‘feminicidio’ o “femicidio” en el Estado español para nombrar estos asesinatos “propiciaría un reconocimiento jurídico” que contribuiría a una lucha más eficaz contra estos crímenes. Tal y como ya han reconocido en países de Latino América: Uruguay, Méjico, Perú, Chile, Bolivia y Ecuador. El movimiento feminista también manifiesta la voluntad de que se consolide una política internacional que unifique este concepto.

Del mismo modo, Tina Alarcón, presidenta de CAVAS, asegura que los registros oficiales de denuncias sexuales solo contabilizan las “agresiones con penetración”, dejando en el más absoluto silencio a miles de mujeres, más allá de las que no denuncian por desconfianza en el sistema.

Del encuentro feminista convocado el pasado abril por la ONG Mugarik Gabe en el País Vasco se concluyó; además de la necesidad de incorporar el término “feminicidio” o “femicidio” en el ámbito público, político y jurídico; que también es imprescindible que se recaben los datos de las víctimas de una manera más amplia, registrando: el origen étnico, la nacionalidad, la situación administrativa, la clase social, la identidad de género, la orientación sexual o la diversidad funcional. Permitiendo identificar factores determinantes de discriminación.

Cuando Ciudadanos planteaba su programa electoral salió a la luz su máxima preocupación respecto a la Ley Integral de Violencia de Género: el nombre. Proponen un cambio de nomenclatura a Violencia doméstica consiguiendo que asimilando violencias diferentes – la doméstica, ejercido por cualquier persona independientemente de su sexo hacia otra en el ámbito familiar, y la machista– toma el nombre de la que menos víctimas genera.  Propuestas como la del partido de Albert Rivera, que no quieren ver que la homogeneización de violencias solo invisibiliza un problema intrínseco de nuestra sociedad, caen en saco roto ante las evidencias en forma de cifras.  Y es que la macroencuesta señala que el 72% de los que ejercieron violencia física severa en el marco de la violencia de género fuera de la pareja o ex pareja fueron hombres y violencia sexual el 97,5%, también eran hombres. De las 37.774 personas denunciadas por maltrato, 36.431 eran hombres; del numero de afectadas por violencia de género ascendía en 2014 a más de 27.000 mujeres y las personas afectadas por violencia doméstica apenas superaban las 7.000 – y de ellas 5.000 eran también mujeres.

Es evidente que la violencia de género – entendiendo el término como un conjunto de violencias más o menos visibles que sufrimos las mujeres por el hecho de serlo-  es parte intrínseca de nuestra sociedad y  negar la existencia de este problema nos hace un flaco favor para poder acabar con esta lacra social. Hablemos por tanto hoy y cada día de qué son, qué provocan y cómo se legitiman las violencias machistas, porque aquello de lo que no se habla, no existe, y contra lo que “no existe” no se puede luchar.

Iris Rodríguez
Galega emigrada. Estudio periodismo en la UAB y Ciencias Políticas en la UNED. Intento escribir sobre cultura política, movimientos sociales y especialmente sobre feminismos.

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